Las empresas que sufren un periodo de pérdida de ingresos que les impide mantener los niveles de empleo, pero no quieren despedir, pueden aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por productividad. Cuando la compañía logre revertir la situación, motivada por causas productivas, podrá reincorporar a los empleados.
A continuación, explicamos las diferencias con un ERTE normal o de fuerza mayor y con la situación del despido por baja productividad de un trabajador.
Definición y diferencias
Un ERTE es un recurso jurídico que, en situaciones como la provocada por la crisis de la Covid-19, permite a las empresas suspender temporalmente el empleo de algunos de sus trabajadores. Bajo esta figura, el empleado deja de prestar servicios a la compañía y esta deja de pagarle el sueldo íntegro, aunque en ocasiones lo que se pacta es una reducción de la jornada de trabajo (entre el 10% y el 70%). El Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), asume el porcentaje del sueldo pactado previamente.
Encontramos dos tipos de ERTE:
- Fuerza Mayor: es el que más ha crecido como consecuencia de la crisis de la Covid-19. La parálisis de la actividad, provocada por la pandemia, ha obligado a muchas empresas a suspender temporalmente los contratos de sus empleados.
- Por productividad: es el que se produce por motivos organizativos, técnicos, económicos o de producción. A continuación, detallamos las causas que lo motivan.
Causas
El ERTE por productividad se puede justificar por:
- Causas organizativas: cambios en la compañía, en el modelo laboral, en la organización de la empresa…
- Causas técnicas: modificaciones o transformaciones de los medios o instrumentos asociados a la producción.
- Causas económicas: se producen cuando hay una grave disminución de los ingresos ordinarios o una situación de pérdidas, actual o prevista. Si la empresa encadena dos trimestres seguidos de caídas, se interpreta que esta situación es persistente.
- Causas productivas: si se producen cambios relevantes en la demanda de los productos o servicios que comercializa la empresa.
Consecuencias para el trabajador
La reducción de jornada o la suspensión del contrato serán compensados con el cobro de una prestación por desempleo por parte del SEPE. En función del porcentaje de reducción del salario -entre el 10% y el 70%, en la mayoría de los escenarios-, el empleador abonará una parte del sueldo, y el resto correrá a cargo del Estado. En cualquier caso, la prestación siempre será más baja que el salario bruto.
Durante el periodo que dure esta medida, el trabajador sigue cotizando a la Seguridad Social y no tiene derecho a percibir una indemnización.
