La discriminación positiva es, según la Real Academia Española, la “política o programa que proporciona acceso preferencial a la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria o al bienestar social a personas de un grupo minoritario que tradicionalmente ha sido objeto de discriminación, con el objetivo de crear una sociedad más humanitaria”.

Esta definición describe lo que todos entendemos por “discriminación positiva”. Sin embargo, pocos saben cuál es su funcionamiento en la vida real, cómo se aplica y cuáles son las medidas que se toman en España. De esto hablaremos en esta ocasión.

¿Qué es la discriminación positiva?

La discriminación positiva consiste en la aplicación de medidas o acciones encaminadas a mejorar las oportunidades de determinados colectivos socialmente desfavorecidos. Se trata de otorgarles ciertos beneficios para equilibrar la balanza, de manera que obtengan las mismas oportunidades que aquellos no considerados como vulnerables.

¿Cómo funciona?

La discriminación positiva de mujeres está regulada en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En ella, se especifica que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y que son los poderes públicos los que deben garantizar ese derecho tomando las medidas que estimen oportunas (artículo 11.1).

Según los roles sociales del pasado, las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres. En la actualidad, esta concepción ha cambiado considerablemente, pero según algunos sectores, aún siguen existiendo diferencias salariales entre ambos. Así, mediante acciones positivas, se pretende acabar con la brecha salarial.

La discriminación positiva de las mujeres busca equipararlas a los hombres en cuanto a trato, oportunidades y salarios, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional, que ratifica la necesidad de aplicar acciones positivas en favor de las mujeres “con el fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar situaciones discriminatorias, de conseguir resultados igualadores y de paliar la discriminación sufrida por el conjunto social de las mujeres”.

Existen numerosas medidas que permiten un desarrollo práctico de estos derechos, entre ellas:

  • Destinar un porcentaje de los puestos de trabajo del sector público a personas en riesgo de exclusión.
  • Ofrecer a las empresas bonificaciones por la contratación de personas que formen parte de colectivos desfavorecidos.

Discriminación positiva en otros colectivos

También existe la discriminación positiva respecto a las personas con discapacidad. En algunos países, las grandes empresas tienen la obligación de contratar un determinado porcentaje de empleados con discapacidad. En España, algunas de las medidas que se han establecido son:

  • Cuotas de reserva para empleados con discapacidad.
  • Empleo protegido.
  • Incentivos económicos (beneficios fiscales, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y subvenciones).
  • Subvenciones a las empresas para adaptar los puestos de trabajo.

La Ley de Empleo regula, asimismo, una serie de medidas dirigidas a otros colectivos desfavorecidos, como son los jóvenes (para favorecer su incorporación al mundo laboral) y los mayores de 45 años (para mantener su empleo).

La discriminación positiva en España

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Con la ley Orgánica 3/2007, citada anteriormente, se ponía en marcha la discriminación positiva en nuestro país. De esta forma, se reconocía que existía desigualdad salarial entre hombres y mujeres y se ponía de relieve el bajo número de mujeres desempeñando puestos de responsabilidad.

Para equiparar hombres y mujeres, la ley establece una serie de mecanismos, como la aprobación periódica de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para aquellos asuntos que sean competencia del Estado (artículo 17), donde se recogen medidas como:

  • Fomentar el acceso de mujeres a cargos directivos con la transversalidad de género como mecanismo de equidad.
  • Apostar por la conciliación personal, laboral y familiar.
  • Luchar por la desaparición de la violencia de género.
  • Favorecer la participación de mujeres a nivel político, económico y social.