La protección social en España está destinada mayoritariamente a la población mayor según confirman las estimaciones del Eurostat sobre este tipo de presupuesto público. España invierte el 55 por ciento del gasto total de la partida de protección social al pago de pensiones por jubilación y provisión de bienes y servicios para los mayores, sin incluir los gastos sanitarios ni las pensiones de supervivencia.
Protección social en Europa
El gasto social que se relaciona con la población de mayor edad es el pago de pensiones y supone, por lo general, la partida dentro de la protección social de un país que más presupuesto total conlleva. La entidad estadística europea, Eurostat, recoge el gasto que en cada uno de los países miembros se dedica a la vejez dentro del total del presupuesto social y sus diferentes sistemas.
- España presenta un porcentaje de inversión sobre el total de la protección social para población mayor de un 55 por ciento.
- Suecia dedica la mitad de su montante financiero social al pago de pensiones por jubilación y otros bienes y servicios relacionados con los mayores no sanitarios.
- Alemania llega hasta el 48 por ciento mientras que Bélgica se queda en un 45 por ciento del total de su previsión sobre protección social destinada al pago de prestaciones por jubilación.
- Holanda con un 41 por ciento y Dinamarca con un 36 por ciento son los países del entorno europeo con menores gastos en protección social dedicados a los mayores y al pago de prestaciones para cubrir la salida del mercado laboral.
El caso español representa la diferencia con respecto a las naciones del sur europeo que se caracterizan por un gasto más elevado en pensiones y servicios y bienes a la tercera edad:
- Grecia emplea más de dos terceras partes del total de sus previsiones de fondos para lo social en el pago de pensiones, en concreto el 77 por ciento.
- Portugal llega a emplear el 67 por ciento de sus fondos sociales para ingresar pensiones por jubilación entre sus mayores.
- Los jubilados italianos precisan del 64 por ciento del total de euros previstos para protección social para que sus prestaciones por jubilación sean liquidadas cada mes.
Estado de la protección social en España
Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) siguen mostrando que el presente inmediato y el futuro de las pagas por jubilación preocupan a los españoles, especialmente a los de edades comprendidas entre los 55 y los 65 años:
- Durante 2017 menos del 5 por ciento de los españoles citaba las pensiones como uno de los tres principales problemas de España.
- El primer trimestre de 2018 trae una elevación en el número de españoles que señala las pensiones como uno foco de preocupación llegando hasta el 14 por ciento. Contratar un Plan de Pensiones MAPFRE permite al titular garantizarse un complemento a su paga por jubilación en todos los casos por lo que la seguridad económica mejora y esta preocupación se disipa.
- Los datos del CSIC confirman que la situación económica tras la salida del mercado laboral es un tema de inquietud en España por encima de otros como la educación o la sanidad que en la década anterior habían sido más destacados.
La publicación Focus on Spanish Society de Funcas –Fundación de Cajas de Ahorros- ahonda sobre esta situación nacional, recogiendo los datos europeos y las estadísticas sobre gasto social y protección de la vejez donde España presenta un porcentaje de inversión inferior al de todos los países del sur europeo, pero superior al de países como Alemania. Funcas incide en señalar que, no obstante, estos datos son parciales por no contemplar el montante total de gastos social que disfruta la población mayor en España.
Las pensiones de supervivencia: viudedad y orfandad que reciben más de un millón de ciudadanos en España no se recogen en ese 55 por ciento de gasto en protección social para mayores. Lo que significa, según Funcas, que el gasto nacional destinado a la protección social de los mayores es en términos reales superior al 55 por ciento, si se incluyen todos los tipos de prestaciones de los diferentes colectivos con más de 65 años que además son más elevadas en España frente a otros países de la Unión.
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