Los consistorios de cada población tienen potestad para establecer diferentes impuestos municipales. Algunos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) son obligatorios. En cambio, otros son optativos en función del programa político de cada ayuntamiento.

Tipos de impuestos municipales

Es cierto que no todos los ayuntamientos exigen a sus contribuyentes los mismos impuestos municipales, así como tampoco con las mismas condiciones. Sin embargo, existe un listado de tributos en el ámbito local que se repiten.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Se trata de uno de los impuestos municipales directos más importantes para cualquier ayuntamiento, ya que todas las personas que sean propietarias de un inmueble están obligadas a pagarlo. Se trata de un tributo que grava la titularidad de los derechos reales sobre viviendas, fincas rústicas, locales, etc., que se encuentren dentro del término del municipio.

El Estado aplica una tasa fija en todas las poblaciones, pero cada ayuntamiento puede establecer recargos, bonificaciones o exenciones en determinados casos. Este tributo se abona de forma anual y se calcula sobre la base del valor catastral.

Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

Este impuesto municipal directo se debe pagar como consecuencia de realizar alguna actividad económica dentro del municipio, ya sea empresarial, profesional o artística. De este modo, cuando una persona decide emprender un negocio en una determinada población, está obligada a darse de alta en el IAE y pagar la cuota correspondiente.

Este tributo grava los ingresos económicos que obtiene un autónomo o un empresario según unos tipos mínimos que establece el Gobierno y que posteriormente cada ayuntamiento puede modificar. Sin embargo, existe un amplio catálogo de sectores y situaciones que están exentos.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

A diferencia de los anteriores, la gestión íntegra de este gravamen corresponde a los consistorios. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, también conocido como impuesto de circulación, se debe abonar anualmente por parte de los usuarios que figuran como titulares en el permiso de circulación de cualquier vehículo.

Este tributo se establece según la potencia fiscal que está determinada sobre todo por la cilindrada del motor. A pesar de ello, existen grandes diferencias en el importe entre unas localidades y otras.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

Popularmente, se conoce como plusvalía municipal y se trata de un impuesto optativo directo que gestionan de forma completa los ayuntamientos. Según la ley, grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, siempre que se produzca una transmisión de la propiedad, bien a través de una compra – venta o una donación.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Este tributo está ligado a la obligación de obtener una licencia urbanística municipal para realizar determinadas obras y reformas. Junto con la solicitud de este documento se debe liquidar dicho impuesto. Aunque es un gravamen potestativo, la realidad demuestra que el ICIO está vigente en la mayoría de los ayuntamientos.

¿Cómo se establecen los impuestos municipales?

Aunque la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley, según el artículo 133 de la Constitución Española existe alguna salvedad. Según este precepto, “las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

No obstante, pese a que los ayuntamientos tienen competencia sobre los impuestos municipales para definirlos, gestionarlos y recaudarlos, están sujetos a una serie de limitaciones por parte de la Administración Central. El Estado ejerce un control para evitar que los consistorios establezcan gravámenes abusivos, como por ejemplo dobles imposiciones o cargas demasiado elevadas.

Todos los ciudadanos deben hacer frente a los impuestos municipales que se establecen en su respectiva población. Incluso las personas tras su retiro laboral también deben cumplir con sus obligaciones fiscales, por lo que un Plan de Pensiones MAPFRE es una solución idónea para proteger la jubilación y mantener una capacidad económica que permita liquidar todas las obligaciones de pago.

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