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En los últimos años, el número de personas que se decanta por los pagos con tarjeta ha ido en aumento, especialmente entre la población más joven y en las grandes ciudades.
Los que se resisten al cambio tienen que enfrentarse a ciertos obstáculos, como la estipulación de un límite máximo cuando se hacen pagos en efectivo; una de las medidas adoptadas por el Gobierno con el fin de desincentivar el uso de dinero físico como moneda de cambio. Te lo contamos.
¿Cuál es el límite máximo de los pagos en efectivo?
El límite máximo de los pagos en efectivo no es algo nuevo. En 2012, con la aprobación de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal se estableció un límite de 2.500 euros en efectivo en aquellas operaciones en las que al menos una de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, excluyendo así los pagos entre particulares o los realizados en entidades de crédito.
Desde el 11 de julio de 2021, con la reforma de la citada ley se endureció esta medida, estableciéndose en 1.000 el límite máximo, en el supuesto de operaciones en el que interviene un empresario o profesional.
El límite de pago en efectivo es de 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera) cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de persona empresaria o profesional.
Estos límites máximos de los pagos en efectivo no se aplican a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito, en entidades de pago y a operaciones de cambio de moneda en efectivo realizados en establecimientos de cambio de moneda abiertos al público.
¿Qué se considera pago en efectivo?
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Además del dinero físico (billetes y monedas nacionales o extranjeros), se consideran pagos en efectivo aquellos realizados con cheques bancarios al portador, o mediante cualquier otro medio en el que no se identifique a los intervinientes, incluidos los electrónicos, como por ejemplo el pago con bitcoin.
¿Qué ocurre si se supera el límite máximo de los pagos en efectivo?
La multa que prevé la ley para quienes excedan el límite de 1.000 en pagos en efectivo es el equivalente al 25 por ciento de la cantidad pagada.
En tal caso, Hacienda considera que tanto el pagador como el que recibe el dinero son infractores, y deben responder de forma solidaria a la sanción.
No obstante, si una de las partes denuncia a la otra durante los tres meses siguientes a la operación, queda exenta de responsabilidad. Es decir, que la multa tendría abonarla íntegramente la persona denunciada.
En un informe sobre las limitaciones a los pagos en efectivo publicado en marzo de 2022, el Banco Central Europeo calificó de “desproporcionado” reducir a 1.000 euros el límite de estos pagos.
El organismo consideró que “tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros. Además, este límite del pago en efectivo reduce significativamente la capacidad de los pagadores de utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago”.
